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Según el Artículo 17 del Reglamento de la Ley N° 19.886, los proveedores u oferentes que contraten con organismos del Estado deben contar con programas de integridad y ética empresarial. Esta obligación se enmarca en los principios de probidad, transparencia y prevención de la corrupción en la contratación pública.
Los proveedores deben acreditar la existencia de programas de integridad y ética empresarial al momento de participar en los procesos de compra.
Estos programas deben ser conocidos y aplicados por el personal de la empresa.
La existencia de estos programas podrá ser considerada como un criterio de evaluación en las Bases de Licitación, en la medida que se relacione con el objeto del contrato.
En el caso de Trato Directo, la exigencia de estos programas debe incorporarse como cláusula contractual específica, según lo establece el mismo artículo 17 del Reglamento.
Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios.
Reglamento de la Ley N° 19.886 el DS N° 661/2024.
¿Qué debe contener un plan de integridad?
A continuación se plantean puntos mínimos con que debería contar un plan de integridad, estos son puntos sugeridos y pueden variar según cada proveedor (gran empresa, persona jurídica, proveedor extranjero, etc)
Plan de Integridad y Ética Empresarial
1. Introducción
Este Plan de Integridad y Ética Empresarial tiene por objetivo establecer los principios, valores, y medidas internas que promuevan una cultura organizacional basada en la probidad, transparencia y cumplimiento normativo, en el marco de la Ley N° 19.886 y su Reglamento.
2. Principios Rectores
Los principios que rigen este plan son: integridad, transparencia, responsabilidad, legalidad, equidad y respeto por los derechos humanos.
3. Objetivos del Plan
• Prevenir prácticas indebidas o de corrupción.
• Promover una conducta ética en todos los niveles de la organización.
• Asegurar el cumplimiento de la legislación vigente en materia de contratación pública.
• Garantizar la existencia de mecanismos eficaces de control y denuncia.
4. Medidas de Implementación
• Creación y difusión de un Código de Ética Empresarial.
• Capacitación periódica a todo el personal en materias de integridad y cumplimiento.
• Designación de un Encargado de Cumplimiento.
• Establecimiento de un canal de denuncias confidencial.
• Monitoreo y auditorías internas sobre cumplimiento del plan.
5. Acreditación del Programa
Este programa será efectivamente comunicado a todos los trabajadores, y su cumplimiento será verificado periódicamente. Se mantendrá un registro de las capacitaciones, medidas adoptadas y actualizaciones al presente plan.
6. Vigencia y Actualización
El presente Plan de Integridad estará vigente desde su aprobación formal por la dirección de la empresa y será revisado al menos una vez al año o cuando la normativa lo exija.
Las Entidades Certificadoras de Modelos de Prevención de Delitos son organizaciones especializadas en verificar que los modelos de prevención implementados por las empresas sean adecuados para mitigar ciertos delitos contemplados en la Ley N° 20.393, como el lavado de activos, el cohecho y el financiamiento del terrorismo.
Estas entidades deben estar inscritas en un registro oficial de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) y cumplir con los requisitos establecidos en la Norma de Carácter General N° 302.
🔗 Puedes conocer el listado de entidades certificadoras y más detalles en el sitio oficial de la CMF:
👉 www.cmfchile.cl/educa/621/w3-propertyvalue-1093.html
Certificación de modelos: Evalúan que los modelos de prevención estén correctamente implementados y sean efectivos según el tamaño, giro y nivel de riesgo de la empresa.
Ámbitos cubiertos: Los modelos deben abordar los delitos de cohecho, lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
Tipos de entidades: Pueden ser empresas de auditoría, clasificadoras de riesgo u otras entidades autorizadas por la CMF.
En el marco de la Ley N° 19.886 y su Reglamento (DS N° 661 de 2024), se promueve una mayor probidad en los procesos de contratación pública. En este contexto, las empresas que participan como proveedores del Estado deben:
Acreditar programas de integridad y ética empresarial que sean conocidos y aplicados por sus equipos.
Estos programas pueden ser considerados como criterio de evaluación en las licitaciones.
En los tratos directos, la existencia de estos programas debe quedar reflejada en cláusulas del contrato.
💡 Aunque no es obligatorio que dicha acreditación sea emitida por una Entidad Certificadora de Modelos de Prevención de Delitos, la función de estas entidades se alinea estrechamente con los objetivos de los programas de integridad exigidos por ChileCompra. Ambos buscan prevenir conductas indebidas y fortalecer una cultura de transparencia y cumplimiento normativo en las relaciones comerciales con el Estado.
