La modernización de la Ley de Compras Públicas, que entra en vigor el 12 de diciembre de 2024, introduce cambios significativos para mejorar la transparencia, la participación y la competitividad en los procesos de adquisición pública. A continuación, se destacan los principales beneficios y transformaciones que beneficiarán a los usuarios:
El límite para la Compra Ágil aumenta de 30 a 100 UTM (aproximadamente 6,7 millones de pesos). Esta modalidad fomenta la participación de las Empresas de Menor Tamaño (EMT), brindándoles mayores oportunidades de negocio.
Se permite que empresas y personas se asocien temporalmente para ofertar de forma conjunta.
En licitaciones menores a 500 UTM, las municipalidades, gobiernos regionales y otros organismos podrán dar prioridad a proveedores locales dentro de su territorio.
Se introducirán cláusulas que prioricen la adjudicación por zonas geográficas, permitiendo que proveedores locales amplíen gradualmente su alcance en sus respectivas regiones.
Las instituciones públicas deberán publicar un Plan Anual de Compras, anticipando sus necesidades para que los proveedores puedan planificar su participación.
Desde el 11 de diciembre de 2023, los proveedores no podrán registrarse si presentan:
Las personas jurídicas deberán declarar a sus beneficiarios finales y administradores, fortaleciendo la transparencia y la probidad.
Los funcionarios involucrados en procesos de compra deberán completar una Declaración de Intereses y Patrimonio, con actualizaciones semestrales.
La plataforma incluirá información relevante sobre los compradores, como:
Las instituciones deberán monitorear la ejecución de los contratos, asegurándose de completar los hitos establecidos en cada proceso.
Nota importante:
Estos cambios buscan modernizar y transparentar las compras públicas, fortaleciendo la participación de las Empresas de Menor Tamaño y elevando los estándares de probidad en los procesos.