La contratación pública inclusiva de bienes y servicios se refiere a un enfoque en el proceso de adquisición de productos y servicios por parte de entidades públicas, que busca promover la inclusión social y económica de grupos vulnerables o marginados en la sociedad. Este enfoque implica diseñar y ejecutar procesos de contratación que consideren activamente la participación de personas con discapacidad, personas en situación de vulnerabilidad social, minorías étnicas, mujeres, entre otros.
La contratación pública inclusiva puede manifestarse de diversas maneras, como criterios de evaluación en ciertos contratos para empresas lideradas por mujeres o pertenecientes a minorías étnicas, la implementación de programas de capacitación y apoyo para proveedores con discapacidad, la inclusión de cláusulas sociales en los contratos que garanticen condiciones laborales justas para los trabajadores, entre otras medidas.
En resumen, la contratación pública inclusiva busca utilizar el poder de compra del Estado para promover la igualdad de oportunidades y la inclusión de grupos que tradicionalmente han enfrentado barreras para participar en la economía. Esto no solo beneficia a estos grupos, sino que también puede conducir a una mayor diversidad de proveedores y a una mejoría en la calidad y eficiencia de los servicios públicos.