Los procedimientos de contratación administrativa quedan sujetos al trámite de toma de razón en los siguientes casos:
Licitación Pública:
-Aprobación de contratos para la adquisición o suministro de bienes muebles y/o de prestación de servicios, cuando el monto supere las 15.000 UTM, en las Contralorías Regionales Metropolitanas.
-Aprobación de contratos para la adquisición o suministro de bienes muebles y/o de prestación de servicios, cuando el monto supere las 10.000 UTM, en las Contralorías Regionales de Valparaíso y Biobío.
-Aprobación de contratos para la adquisición o suministro de bienes muebles y/o de prestación de servicios, cuando el monto supere las 8.000 UTM, en las demás Contralorías Regionales.
Trato directo o Licitación Privada:
-Aprobación de contratos para la adquisición o suministro de bienes muebles y/o de prestación de servicios, cuando el monto supere las 10.000 UTM, en las Contralorías Regionales Metropolitanas.
-Aprobación de contratos para la adquisición o suministro de bienes muebles y/o de prestación de servicios, cuando el monto supere las 8.000 UTM, en las Contralorías Regionales de Valparaíso y Biobío.
-Aprobación de contratos para la adquisición o suministro de bienes muebles y/o de prestación de servicios, cuando el monto supere las 5.000 UTM, en las demás Contralorías Regionales.
Convenio Marco:
-Selección de proveedores incorporados en un convenio marco suscrito por la Dirección de ChileCompra, cuando el monto supere las 25.000 UTM.
Reglas especiales:
-Las Bases Administrativas y las Bases Tipo están sujetas a toma de razón cuando los contratos o adjudicaciones también estén afectos.
-La adjudicación está afecta cuando el texto del contrato haya sido aprobado ajustándose a un formato contenido en actos tomados razón previamente por Contraloría, y de conformidad a las reglas generales.
-La aprobación de formatos tipo de contratos o convenios también está afecta, siempre que se refieran a contrataciones afectas a toma de razón.
Todo lo anterior se respalda en la Resolución Nº7, de 2019, y Resolución Nº 16, de 2020, ambas de la Contraloría General de la República.